Jueza ordena al Gobierno de Trump detener arrestos migratorios en el sur de California sin causa probable
Una jueza federal determinó el viernes que el Departamento de Seguridad Nacional ha realizado arrestos en redadas migratorias en Los Ángeles sin causa probable, y ordenó al departamento que deje de detener a personas únicamente por motivos de raza, idioma o profesión.
La jueza federal de distrito Maame Ewusi-Mensah Frimpong, designada por el expresidente Joe Biden, ordenó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) desarrolle directrices para que los agentes determinen una “sospecha razonable” sin basarse en la raza o etnia aparente de una persona, el idioma que habla o su acento, su “presencia en un lugar determinado” como una parada de autobús o su ocupación.
El fallo del viernes se produce después de que la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) del Sur de California presentara la semana pasada una demanda contra la administración Trump en nombre de cinco personas y grupos de defensa de inmigrantes, alegando que el DHS –que supervisa a ICE– ha realizado arrestos inconstitucionales.
El fallo se limita a la jurisdicción de siete condados del Distrito Central de California, que incluye Los Ángeles y sus alrededores.
Frimpong dijo en su fallo que el tribunal necesitaba decidir si los demandantes podían probar que la administración Trump “efectivamente está realizando patrullajes itinerantes sin sospecha razonable y negando el acceso a abogados”.
“Este Tribunal decide, basándose en todas las pruebas presentadas, que así es”, escribió Frimpong.
Frimpong continuó afirmando que la administración “no” proporcionó información sobre las bases de los arrestos. La orden de restricción temporal también aplica al FBI y al Departamento de Justicia, que también figuran como acusados en la demanda y han participado en la aplicación de las leyes migratorias.
En el fallo del viernes, Frimpong también ordenó al DHS mantener y proporcionar documentación regular de los arrestos a los abogados de los demandantes.
En una audiencia el jueves antes de dictar su fallo, Frimpong se mostró escéptica ante los argumentos del Gobierno. El Gobierno declaró ante el tribunal que los agentes del DHS inician las detenciones basándose en información de inteligencia o “análisis de tendencias”, no en la raza o la etnia. Frimpong presionó repetidamente al Gobierno para que presentara pruebas de que los arrestos se basaban en información procesable, en lugar de centrarse en zonas donde se presume que se concentran los inmigrantes indocumentados.
“Es difícil para el tribunal creer que no se pudo encontrar un solo caso con un informe de por qué alguien fue atacado”, dijo el jueves.
En una orden de restricción temporal separada, Frimpong impidió que el DHS negara el acceso de los detenidos a un abogado, incluidas visitas y llamadas, en un centro de detención denominado “B-18” en los documentos judiciales.
Grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes habían expresado su preocupación por la falta de acceso a un abogado a los detenidos en la prisión B-18. También dijeron que los detenidos se encontraban en condiciones inhumanas, como la falta de acceso a camas, duchas o instalaciones médicas.